Hay decisiones legislativas que pueden pasar desapercibidas y hay otras que merecen que hagamos algunas preguntas, el 6 de agosto, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico aprobó una moción presentada por el diputado José Miguel Villalobos que elimina la posibilidad de que el Ministerio Público se apoye en el OIJ para ejecutar intervenciones de…
SerieDatos bajo la lupa
PersonajesJosé Miguel Villalobos
Pregunta incómoda¿Quién vigila al que vigila?
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Hay decisiones legislativas que pueden pasar desapercibidas y hay otras que merecen que hagamos algunas preguntas, el 6 de agosto, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico aprobó…
QUÉ PASÓ
Hay decisiones legislativas que pueden pasar desapercibidas y hay otras que merecen que hagamos algunas preguntas, el 6 de agosto, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico aprobó una moción presentada por el diputado José Miguel Villalobos que elimina la posibilidad de que el Ministerio Público se apoye en el OIJ para ejecutar intervenciones de…
QUÉ SIGNIFICA
El Cafeteando conecta el hecho con su impacto político, institucional o social.
LA PREGUNTA
¿Quién vigila al que vigila?
Hay decisiones legislativas que pueden pasar desapercibidas y hay otras que merecen que hagamos algunas preguntas, el 6 de agosto, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico aprobó una moción presentada por el diputado José Miguel Villalobos que elimina la posibilidad de que el Ministerio Público se apoye en el OIJ para ejecutar intervenciones de comunicaciones. Y les comparto mis preguntas para ver si alguna se la está haciendo usted, o soy solo yo el que ve cosas que no son o no deberían ser: ¿Por qué eliminar la posibilidad de que la Fiscalía se apoye en el OIJ para ejecutar una intervención de comunicaciones?
¿Qué problema concreto pretende solucionar esta modificación? ¿Existe un informe técnico que demuestre que esta medida mejora el sistema? ¿Se consultó al Ministerio Público? ¿Se consultó al OIJ? ¿Se calculó qué impacto tendrá la medida sobre las investigaciones de crimen organizado? Pero hay algo más que también merece una pregunta, José Miguel Villalobos es diputado oficialista del Partido Pueblo Soberano y también continúa ejerciendo como abogado penalista. Durante la campaña electoral había afirmado que, al asumir su curul, dejaría de litigar porque consideraba incompatible ejercer como abogado litigante y cumplir adecuadamente con las responsabilidades de diputado.
Sin embargo, Semanario Universidad documentó que posteriormente se ausentó de una actividad legislativa relacionada con proyectos de seguridad para atender una audiencia de un cliente investigado por narcotráfico. Y para variar entre todos sus desaciertos a los que nos tiene acostumbrados vimos como el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, defendió su derecho a hacerlo. Entonces preguntamos: ¿Es compatible ser diputado y continuar ejerciendo como abogado litigante en casos de crimen organizado?
¿Qué mecanismos existen para evitar un conflicto de interés? Y aquí viene una pregunta todavía más incómoda: ¿Puede un diputado participar en decisiones legislativas relacionadas con las herramientas de investigación del crimen organizado cuando, paralelamente, ejerce como abogado defensor de personas investigadas por esos mismos delitos? Repito, solo estoy preguntándome: ¿Quién determina si existe? - ¿Quién lo fiscaliza? - ¿Quién debería apartarlo de una discusión si sus actividades privadas pudieran verse afectadas por una decisión legislativa?
Porque hay otra circunstancia que tampoco podemos ignorar, La Nación reportó que Villalobos representa a varios imputados del Caso Fénix, una investigación relacionada con una presunta organización vinculada al narcotráfico y al lavado de dinero y CR Hoy ha reportado que Villalobos continuó defendiendo casos vinculados con crimen organizado después de asumir como diputado, entonces la pregunta es inevitable: ¿Puede un abogado que representa a personas investigadas por narcotráfico participar en la definición de las reglas y herramientas con las que el Estado investiga el narcotráfico?
¿Es legal? - ¿Es ético? - ¿Es conveniente? - ¿Quién lo determina? Y AHORA LLEVEMOS LA PREGUNTA AL TERRENO DE LA TECNOLOGÍA. Hoy una intervención de comunicaciones ya no significa solamente escuchar una llamada, un teléfono contiene fotografías, mensajes, contactos, ubicación, documentos, correos electrónicos y prácticamente la vida digital de una persona y la tecnología avanza mucho más rápido que las leyes, entonces: ¿Las reglas que tenemos hoy son suficientes para controlar las herramientas de vigilancia que existen hoy?
Si una inteligencia artificial puede analizar millones de comunicaciones: ¿Quién controla al algoritmo? Si un sistema puede detectar patrones de comportamiento: ¿Quién decide qué comportamiento es sospechoso? Si una herramienta tecnológica se equivoca: ¿Quién responde por el ciudadano que fue señalado injustamente? Y si el Estado tiene la capacidad tecnológica para vigilar al ciudadano: ¿Quién vigila al Estado? Y quizá la más interesante de todas las preguntas: Si quien tiene poder para legislar sobre esas herramientas también mantiene actividades privadas relacionadas con personas investigadas mediante esas mismas herramientas: ¿Quién vigila al legislador?
No estamos acusando, no estamos defendiendo, no estamos condenando, estamos preguntando, porque en una democracia no basta con que algo sea legal, también hay que poder responder: Como de costumbre ahí se las dejo…
Investigado con SIP
Este Cafeteando se apoya en SIP
El método organiza fuentes e hipótesis. Las conclusiones requieren revisión editorial.